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El Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalida…

Sentencia · Tribunal Constitucional

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada contra el inciso 1° del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. La gestión pendiente era una causa ante el Juzgado de Policía Local de Chimbarongo, donde se aplicó una multa a la recurrente por iniciar una construcción sin permiso, pese a que los trámites estaban en curso. La recurrente alegó que la norma vulnera la Constitución al no establecer criterios objetivos para determinar la sanción, dejando un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad. El tribunal resolvió acoger la acción, declarando inaplicable la norma en el caso concreto, por considerar que su falta de objetividad afecta garantías constitucionales.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 4° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Se puede sancionar con multa a quien inicia una construcción sin permiso si los trámites de regularización ya están en curso?

En este caso, la multa aplicada por iniciar una obra sin permiso, pese a que los trámites estaban en curso, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Este tribunal acogió la acción y declaró inaplicable la norma que la fundaba en la gestión pendiente.

¿Qué efectos tiene una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materia de sanciones urbanísticas?

En este caso, la acción de inaplicabilidad presentada contra el inciso 1° del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción fue acogida. El Tribunal Constitucional la declaró inaplicable solo en la gestión pendiente ante el Juzgado de Policía Local, sin anular la norma en forma general.

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