La Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituciona…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022
Resumen
La Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad constructora respecto del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el marco de un proceso seguido ante el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango. La requirente cuestionaba la proporcionalidad de las sanciones urbanísticas aplicadas. El tribunal estimó que la norma no vulnera derechos fundamentales en su aplicación general, pues establece un sistema sancionatorio con márgenes que permiten al juez modular la pena según las circunstancias del caso. Sin embargo, hubo una disidencia que consideró que la falta de criterios objetivos en la norma generaba desproporcionalidad en el caso concreto, por lo que estuvo por acoger el requerimiento.
Normas citadas
Artículo 20 del D.F.L. N° 458 (Ley General de Urbanismo y Construcciones)
Artículo 126 del D.F.L. N° 458
Artículos 116 y 145 del D.F.L. N° 458
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que sanciona infracciones urbanísticas?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, estimando que la norma no vulnera derechos fundamentales en su aplicación general, porque permite al juez modular la sanción según las circunstancias del caso.
¿Puede una constructora impugnar por inconstitucionalidad la proporcionalidad de las sanciones urbanísticas?
En este caso, la constructora cuestionó la proporcionalidad de las sanciones aplicadas en un proceso ante un Juzgado de Policía Local, pero la Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento. Hubo una disidencia que estuvo por acoger el requerimiento por falta de criterios objetivos en la norma.
¿La falta de criterios objetivos en las sanciones urbanísticas genera desproporcionalidad?
En este caso, un integrante del tribunal disidente sostuvo que la falta de criterios objetivos en el artículo 20 generaba desproporcionalidad en el caso concreto. La mayoría, en cambio, consideró que los márgenes de la norma permiten al juez ajustar la pena, por lo que no hubo inconstitucionalidad.
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