El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por una persona en contra del artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, norma que fija una multa entre 0,5% y 20% del presupuesto de la obra. El requirente sostenía que ese rango era excesivamente amplio y permitía decisiones arbitrarias. El Tribunal estimó que la norma no vulnera los artículos 1°, 5° y 19 N° 3 de la Constitución, por entender que entrega criterios suficientes para determinar la sanción. La sentencia fue redactada por la Ministra M.P.S.G. y tuvo una disidencia del Ministro J.I.V.M., quien estimaba que el requerimiento debió acogerse por la amplitud del margen legal y la falta de criterios objetivos para fijar la multa.
Normas citadas
Artículo 20, inciso primero, Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 116, Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 126, Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 133, Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 5.1.1, Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 1°, Constitución Política de la República
Artículo 5°, Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3, Constitución Política de la República
¿Puede una persona pedir al Tribunal Constitucional que no aplique una norma de multas urbanísticas por ser demasiado amplia y arbitraria?
En este caso, el requirente pidió la inaplicabilidad del artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, alegando que el rango de la multa permitía decisiones arbitrarias. El Tribunal rechazó el requerimiento, por lo que la norma siguió aplicándose.
¿Qué criterio usó el Tribunal Constitucional para decidir si un rango amplio de sanción administrativa respeta el principio de legalidad?
En este caso, el Tribunal entendió que la norma entrega criterios suficientes para determinar la sanción dentro del rango legal, por lo que no resulta arbitraria. El Ministro J.I.V.M. disintió, sosteniendo que la falta de criterios objetivos para fijar la multa justificaba acoger el requerimiento.
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