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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de un oficio de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de un oficio de la Dirección Nacional del Servicio Civil que impartía instrucciones sobre un plan de retorno gradual de funcionarios públicos. El dictamen concluyó que dicho oficio fue improcedente, ya que la Dirección Nacional del Servicio Civil carece de atribuciones para emitir instrucciones en esa materia. Se recordó que, conforme al principio de juridicidad, corresponde a los jefes superiores de cada servicio público adoptar las medidas necesarias para resguardar la salud de sus funcionarios y usuarios, observando las directrices de la autoridad sanitaria, sin que el Servicio Civil pueda intervenir en dichas decisiones.

Normas citadas

  • Ley 16395 art/1 inc/5
  • ley 16395 art/30
  • ley 16395 art/2 lt/a
  • ley 16395 art/2 lt/b
  • DTO 594/99 salud art/1
  • DTO 594/99 salud art/3
  • ley 16744 art/68 inc/1
  • DFL 1/2005 salud art/13
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿La Dirección Nacional del Servicio Civil puede impartir instrucciones sobre el retorno gradual de funcionarios públicos?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el oficio de la Dirección Nacional del Servicio Civil fue improcedente, porque ese organismo carece de atribuciones para emitir instrucciones sobre esa materia.

¿Quién debe adoptar las medidas para resguardar la salud de los funcionarios públicos en sus lugares de trabajo?

Según este dictamen, corresponde a los jefes superiores de cada servicio público adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de funcionarios y usuarios, siguiendo las directrices de la autoridad sanitaria.

¿El principio de juridicidad permite que el Servicio Civil intervenga en las decisiones sanitarias de un servicio público?

En este caso, la Contraloría recordó que, conforme al principio de juridicidad, el Servicio Civil no puede intervenir en las decisiones que los jefes superiores adoptan para resguardar la salud de sus funcionarios.

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