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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de la Ley N° 21…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de la Ley N° 21.342, que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual al trabajo, a los empleados de la Administración del Estado. El dictamen concluye que dicha ley no está dirigida directamente al sector público, pero que los jefes de servicio deben considerar sus criterios al definir medidas internas de gestión sanitaria. Se explica que no hay fundamento para otorgar distinta protección a las personas según trabajen en el sector público o privado, y que el Estado debe proteger a la población. Por ello, los jefes de servicio deberán armonizar sus medidas con los estándares exigidos a las empresas, como control de temperatura, testeo, distanciamiento, sanitización, medios de protección personal, aforos y turnos, equilibrando la continuidad del servicio con la protección de los funcionarios.

Normas citadas

  • Ley 21342 art/10 inc/1
  • ley 21342 art/11
  • ley 21342 art/1
  • ley 21342 art/2
  • ley 21342 art/4
  • ley 21342 art/7 inc/1
  • ley 21342 art/6
  • ley 21342 art/8
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Preguntas frecuentes

¿La Ley 21.342 sobre protocolo de seguridad sanitaria laboral se aplica a los funcionarios de la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la ley no está dirigida directamente al sector público, pero que los jefes de servicio deben considerar sus criterios al definir medidas internas de gestión sanitaria.

¿Deben los jefes de servicio armonizar las medidas sanitarias internas con los estándares exigidos a las empresas privadas?

Sí, según este dictamen, los jefes de servicio deben armonizar sus medidas con los estándares exigidos a las empresas, como control de temperatura, testeo, distanciamiento, sanitización, medios de protección personal, aforos y turnos.

¿Puede el Estado otorgar distinta protección sanitaria a sus funcionarios que a los trabajadores del sector privado?

La Contraloría señaló que no hay fundamento para otorgar distinta protección a las personas según trabajen en el sector público o privado, y que el Estado debe proteger a la población, equilibrando la continuidad del servicio con la protección de los funcionarios.

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