Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de la ley N° 21…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de la ley N° 21.227, que permite suspender los contratos de trabajo durante la pandemia de COVID-19 y acceder a un seguro de cesantía, a los asistentes de la educación de establecimientos administrados directamente por municipalidades. El órgano concluyó que resulta improcedente aplicarla a este personal. Explicó que la ley persigue principalmente la sustentabilidad de la fuente laboral y de la actividad económica, por lo que se relaciona sobre todo con el sector privado. Además, sus finalidades no son conciliables con el régimen de Derecho Público de estos funcionarios, quienes tienen derecho a percibir íntegramente sus emolumentos aun sin prestar servicios. Se añade que la pandemia constituye un caso fortuito que permite a las autoridades adoptar medidas sanitarias sin afectar sus remuneraciones, y que el propio debate legislativo excluyó a los funcionarios públicos.

Normas citadas

  • Ley 19728 art/1
  • ley 21227 tit/I
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Procede aplicar la ley 21.227 de suspensión de contratos y seguro de cesantía a los asistentes de la educación de establecimientos municipales?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procede aplicarla a estos asistentes, porque la ley busca principalmente la sustentabilidad de la fuente laboral y se relaciona sobre todo con el sector privado. Además, su régimen de Derecho Público les permite percibir íntegramente sus remuneraciones aun sin prestar servicios.

¿La pandemia de COVID-19 permitía suspender el pago de remuneraciones a funcionarios municipales de educación?

En este caso, el organismo sostuvo que la pandemia constituye un caso fortuito que habilita a las autoridades a adoptar medidas sanitarias sin afectar las remuneraciones de estos funcionarios. Por eso no se justificaba recurrir a la suspensión contractual prevista en la ley 21.227.

¿Los funcionarios públicos pueden acceder al seguro de cesantía regulado por la ley 21.227 durante la pandemia?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el propio debate legislativo excluyó a los funcionarios públicos de la aplicación de la ley 21.227. Por tanto, el dictamen concluyó que este personal municipal no puede acceder a esa suspensión ni al seguro de cesantía que ella contempla.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2021 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la aplicación de la Ley N°21.227 (que regul…

    Dictamen · Dirección del Trabajo · 2021

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación de la Ley N° 21…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del pago a pro…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

  • La Contraloría General de la República, en dictamen emitido a raíz de un oficio del Sec…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

  • La Contraloría General de la República dictaminó que procede otorgar el descanso repara…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.