Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el oficio N° 1.124 de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que disponía que, durante la etapa 4 del COVID-19, los contagios no podrían calificarse como de origen laboral salvo que existiera trazabilidad que permitiera atribuirles ese carácter. El organismo concluyó que la Superintendencia actuó dentro de sus atribuciones y que el oficio se ajusta a la normativa aplicable, sin vicios de legalidad. Fundó su decisión en el artículo 7° de la ley N° 16.744, según el cual el contagio sólo puede considerarse laboral si se comprueba que ocurrió directamente por causa del trabajo, y en que, en una expansión comunitaria, no siempre es posible determinar cómo, cuándo y dónde se produjo. Precisó que ello no deja desprotegidos a los trabajadores, pues la cobertura corresponde al sistema común de salud, y que la carga de probar el origen laboral no recae en el trabajador, debiendo los organismos administradores estudiar las denuncias conforme a los decretos N° 109 y N° 101 de 1968.