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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo de acceso a la información presentado contra la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso. La controversia se refería a los antecedentes que sirvieron de fundamento para la emisión de la Resolución Exenta Nº1284 de 2018, que aprobó un convenio regional para programas habitacionales. El Consejo ordenó entregar los documentos solicitados, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado y porque no se acreditaron suficientemente las causales de reserva alegadas. Se excluyó expresamente la información amparada por secreto tributario, como antecedentes comerciales y deudas pendientes, y los certificados de antecedentes de los involucrados. El órgano debe cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir acceso a los antecedentes de una resolución de un organismo público en Chile si el órgano alega reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo y ordenó entregar los antecedentes de la resolución, porque son información pública en poder del órgano y no se acreditaron suficientemente las causales de reserva alegadas.

¿Qué información queda excluida del acceso cuando se pide documentación administrativa en Chile?

En este caso, el Consejo excluyó expresamente la información amparada por secreto tributario, los antecedentes comerciales, las deudas pendientes y los certificados de antecedentes de las personas involucradas.

¿Qué plazo tiene el organismo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, el órgano debe cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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