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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por un particular contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por un particular contra la Intendencia de la Región de Antofagasta, que había negado el acceso a información sobre denuncias ante el Ministerio Público por delitos de la Ley de Control de Armas, entre 2010 y 2019, y sobre los desistimientos de la acción penal presentados por el organismo respecto de esos mismos delitos. El Consejo estimó que se trata de información de carácter público y que no se configura la causal de reserva por distracción indebida de las funciones del órgano, aplicando un precedente previo. En consecuencia, ordenó entregar lo solicitado dentro de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega ante el Consejo, bajo apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Es pública la información sobre denuncias por delitos de la Ley de Control de Armas que maneja una Intendencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la información sobre denuncias ante el Ministerio Público por delitos de la Ley de Control de Armas y sobre los desistimientos de la acción penal es de carácter público. Por eso acogió el amparo contra la Intendencia de la Región de Antofagasta, que había negado su entrega.

¿Puede un organismo público negar información de transparencia alegando distracción indebida de sus funciones?

En este caso, el Consejo concluyó que no se configuraba la causal de reserva por distracción indebida de las funciones del órgano, aplicando un precedente previo. Así, rechazó la negativa de la Intendencia y ordenó entregar lo solicitado.

¿Qué plazo tiene la Intendencia para entregar la información y qué recursos caben contra esta decisión del Consejo?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información dentro de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos.

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