El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular contra la Superintendencia de Educación Escolar, que había sido requerida de información sobre la calidad de los C.F.T., I.P.U., incluida la de sus profesores, así como sobre el flujo de fiscalización de estas instituciones y la participación de sus decanos. La controversia se centró en si correspondía que el organismo derivara la solicitud al Ministerio de Educación. El Consejo rechazó el amparo, por estimar que la derivación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en tanto el Ministerio era el órgano competente para conocer de la solicitud. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público derivar una solicitud de información al órgano competente según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la derivación de la solicitud realizada por la Superintendencia de Educación Escolar al Ministerio de Educación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, porque el Ministerio era el órgano competente para conocerla. Por ello rechazó el amparo.
¿Qué plazo hay para reclamar una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo de acceso a la información?
Según este fallo, contra la decisión del Consejo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación. El resumen no detalla otros requisitos del procedimiento.
¿Se puede pedir por transparencia información sobre la calidad de instituciones de educación superior y sus fiscalizaciones?
En este caso, un particular solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar información sobre la calidad de los C.F.T. e I.P.U., su fiscalización y la participación de sus decanos. La controversia se centró en si correspondía que el organismo la derivara al Ministerio de Educación, y el Consejo resolvió que sí.
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