Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre una consulta acerca de la legalidad de que una entidad administradora de salud primaria municipal, como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, celebre convenios con instituciones financieras y crediticias para sus funcionarios, percibiendo un porcentaje de entre 1% y 1,5%. El organismo concluyó que carece de competencia para pronunciarse sobre dichos actos jurídicos, ya que su facultad fiscalizadora se limita al ámbito laboral de los servidores del sistema, no sobre la entidad misma. Los convenios comerciales y financieros, así como el uso y destino de los recursos, corresponden a la competencia de la Contraloría General de la República, según lo ratificado por dictámenes previos.