La Corte Suprema rechazó una acción de protección presentada por un afiliado en contra…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó una acción de protección presentada por un afiliado en contra de una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral del precio de la prima GES. El recurrente consideró el aumento desproporcionado e injustificado, vulnerando sus garantías constitucionales. El máximo tribunal señaló que la prima GES fue determinada mediante un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia, en resguardo de los intereses de los usuarios, conforme al artículo 206 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud. Al no existir un actuar ilegal ni arbitrario de las recurridas, se confirmó la sentencia apelada que rechazó la acción, sin costas.
Normas citadas
Artículo 206 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud
Artículo 206 bis del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud
Ley N°21.674
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia
¿Puede una Isapre subir unilateralmente el precio de la prima GES y es eso constitucionalmente reclamable por medio de una acción de protección?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección, al estimar que la prima GES se determinó mediante un proceso previo, objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 206 del D.F.L. N°1 de 2005. Como no hubo un actuar ilegal ni arbitrario de la Isapre ni de la Superintendencia, no se acogió el reclamo.
¿Qué debe probar un afiliado para que prospere una acción de protección contra un alza de la prima GES de su Isapre?
Según este fallo, el afiliado debe demostrar un actuar ilegal o arbitrario de la Isapre o de la Superintendencia de Salud. Como el tribunal no encontró ese actuar en el alza impugnada, confirmó el rechazo de la acción.
¿Cómo se fija el precio de la prima GES en Chile y quién lo fiscaliza?
De acuerdo con este fallo, la prima GES se fija mediante un proceso previo y objetivo, que la Superintendencia de Salud fiscaliza en resguardo de los intereses de los usuarios, conforme al artículo 206 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud.
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