El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo deducido contra Carabine…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo deducido contra Carabineros de Chile, relacionado con la entrega de registros audiovisuales de las cámaras que portaban funcionarios de la Prefectura de Control del Orden Público Este, en la comuna de Recoleta, correspondientes a los días 20, 24 y 31 de octubre de 2019, junto con la documentación asociada. El Consejo estimó que se trataba de información pública en poder del organismo y que no se acreditaron suficientemente las causales de reserva o secreto alegadas. Ordenó entregar la información con los rostros y datos de personas difuminados, en un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, y acreditar su entrega. Rechazó el amparo respecto de registros audiovisuales distintos a los informados, por no obrar en poder del órgano reclamado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Carabineros debe entregar los videos de las cámaras corporales de sus funcionarios cuando alguien los pide por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que los registros audiovisuales de las cámaras portadas por funcionarios de Carabineros son información pública en poder del organismo y que no se acreditaron suficientemente las causales de reserva alegadas. Ordenó su entrega con los rostros y datos de las personas difuminados.
¿Qué pasa si un organismo público dice que no tiene los registros que se le piden en un amparo de transparencia?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo respecto de registros audiovisuales distintos a los informados, por no obrar en poder del órgano reclamado. La decisión se fundó en que la información solicitada no estaba en poder de Carabineros.
¿En qué plazo debe cumplirse una orden del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información pública?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información en un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, debiendo además acreditar su entrega. Así, el plazo se cuenta desde la firmeza de la resolución.
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