La Contraloría General de la República se pronuncia sobre un dictamen que interpretó el…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre un dictamen que interpretó el artículo vigésimo séptimo transitorio de la ley N° 20.845, relativo a la eliminación del financiamiento compartido en establecimientos educacionales subvencionados. El dictamen determinó que la referencia al Párrafo 2° de las disposiciones transitorias debía entenderse hecha al Párrafo 4°, que regula la transición hacia la gratuidad. En consecuencia, los sostenedores que renuncien al financiamiento compartido pueden acceder a la garantía estatal para créditos destinados a la compra de inmuebles educacionales. La Contraloría aclara que su labor interpretativa no fija criterios para acuerdos bancarios, sino que establece el sentido y alcance de la remisión legal, dentro de sus atribuciones, sin perjuicio de eventuales modificaciones legislativas.
Normas citadas
Pol art/98
ley 10336 art/5
ley 10336 art/6
ley 10336 art/9
ley 10336 art/19
dfl 2/2009 Educa art/3 lt/b
dfl 2/98 Educa art/1
dfl 2/98 Educa art/49 bis
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué alcance tiene un dictamen de la Contraloría que interpreta una remisión legal en materia de financiamiento compartido escolar?
En este caso, la Contraloría precisó que su labor interpretativa establece el sentido y alcance de la remisión legal, sin fijar criterios para acuerdos bancarios. Dejó a salvo eventuales modificaciones legislativas.
¿Qué efecto tiene la renuncia al financiamiento compartido en establecimientos educacionales subvencionados según la ley N° 20.845?
En este caso, el dictamen sostuvo que la renuncia al financiamiento compartido habilita a los sostenedores a acceder a la garantía estatal para créditos destinados a la compra de inmuebles educacionales. Esto se deriva de la interpretación del artículo vigésimo séptimo transitorio de la ley.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.