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La Contraloría General de la República dictaminó que los empleados no académicos de la…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que los empleados no académicos de la Universidad de La Serena no tienen derecho a percibir la asignación de antigüedad prevista en el decreto ley N° 249, de 1973. Lo anterior, debido a que la normativa interna de dicha universidad, establecida en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, y sus actos complementarios, no contempla ese beneficio ni se remite expresamente al citado decreto ley. El organismo concluyó que, al existir una regulación universitaria propia en materia de remuneraciones, las normas previas a 1980 no resultan aplicables, salvo remisión expresa. Asimismo, señaló que el otorgamiento de la asignación de experiencia profesional solo al personal académico no constituye una discriminación arbitraria, pues se enmarca en la facultad de la universidad para fijar sus propias remuneraciones.

Normas citadas

  • dl 249/73 art/6
  • ley 21094 art/2
  • dfl 3/80 educa art/1
  • dfl 158/81 educa art/4 num/1 lt/j
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Tienen derecho los funcionarios no académicos de una universidad estatal a la asignación de antigüedad del decreto ley 249 de 1973?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no, porque la normativa interna de la universidad, contenida en el DFL 3 de 1980 y sus actos complementarios, no contempla ese beneficio ni se remite expresamente al DL 249.

¿Se aplica el DL 249 de 1973 a las universidades estatales cuando tienen regulación propia de remuneraciones?

En este caso, el organismo concluyó que, al existir una regulación universitaria propia en materia de remuneraciones, las normas previas a 1980 no resultan aplicables, salvo que exista remisión expresa.

¿Es discriminatorio que una universidad pague una asignación de experiencia profesional solo al personal académico?

En este caso, la Contraloría señaló que no constituye discriminación arbitraria, porque se enmarca en la facultad de la universidad para fijar sus propias remuneraciones.

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