Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de los descuentos efectuados por un servicio público a las remuneraciones de un funcionario, destinados al pago de compromisos financieros adquiridos con anterioridad a la emisión del dictamen N° 57.424, de 2009. El organismo recordó que, mediante el dictamen N° 27.314, de 2010, precisó que ese pronunciamiento rige para el futuro y no puede afectar los compromisos económicos adquiridos por los servidores públicos antes de su dictación, por razones de certeza y seguridad jurídica. En consecuencia, los compromisos contraídos con posterioridad a ese dictamen quedan sujetos a lo resuelto en él, de modo que el servicio no puede descontar sumas que superen el quince por ciento de las remuneraciones. En cambio, las obligaciones adquiridas antes de su vigencia no se encuentran afectas a sus términos. Por ello, la Contraloría desestimó la solicitud de reintegro de las sumas descontadas en exceso de dicho porcentaje, al tratarse de obligaciones adquiridas voluntariamente con anterioridad, y también rechazó la petición por no aportarse nuevos antecedentes que hicieran variar la interpretación del artículo 96 de la ley N° 18.834.