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El Consejo para la Transparencia acoge parcialmente el amparo interpuesto contra el Gob…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acoge parcialmente el amparo interpuesto contra el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, ordenando la entrega de los informes trimestrales elaborados por la Comisión de Control y Seguimiento del Contrato de Concesión de la Zona F.P.A. correspondientes al año 2024. Se estima que dichos antecedentes son de naturaleza pública y que la entidad reclamada no acreditó la causal de reserva invocada, relativa a la afectación del privilegio deliberativo. Se rechaza el amparo respecto de información anterior a 2024 por inexistencia de los antecedentes. Previamente a la entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto, en aplicación del principio de divisibilidad.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Resolución N° 107
  • Oficio N° 7013
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Son públicos los informes trimestrales de una comisión de control y seguimiento de un contrato de concesión de un gobierno regional?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que los informes trimestrales elaborados por la comisión de control y seguimiento del contrato de concesión de la Zona F.P.A. son de naturaleza pública. Por eso acogió parcialmente el amparo y ordenó su entrega del año 2024.

¿Puede un órgano público negarse a entregar información invocando el privilegio deliberativo?

En este caso, el Consejo sostuvo que el Gobierno Regional de Magallanes no acreditó que la entrega afectara el privilegio deliberativo, causal de reserva que invocó. Por ello, la negativa no prosperó respecto de los informes de 2024.

¿Qué ocurre si un órgano no tiene información solicitada de años anteriores?

En este caso, el Consejo rechazó el amparo respecto de la información anterior a 2024 por inexistencia de los antecedentes. Además, dispuso que, antes de la entrega, el órgano debe tarjar los datos personales de contexto, en aplicación del principio de divisibilidad.

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