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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra el Gob…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra el Gobierno Regional de Atacama, ordenando la entrega de información sobre sumarios, asistencia, permisos administrativos, calificaciones y licitaciones del período consultado, al desestimarse la causal de reserva por afectación a las funciones del organismo. Se rechazó el amparo respecto de las licencias médicas, por configurarse la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. También se rechazó en cuanto a los funcionarios desvinculados, por haberse entregado la información solicitada. La resolución advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento y establece el plazo para interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Normas citadas

  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 21.096
  • Código del Trabajo
  • Resolución Exenta N° 491
  • Oficio Ordinario N° 58
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir a un organismo público información sobre sumarios y licitaciones si invoca que entregarla afecta sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de reserva por afectación a las funciones del organismo y ordenó entregar la información sobre sumarios, asistencia, permisos, calificaciones y licitaciones del período consultado.

¿Las licencias médicas de funcionarios públicos son información pública o están protegidas por la vida privada?

En este caso, el Consejo rechazó el amparo respecto de las licencias médicas, por configurarse la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

¿Qué pasa si un organismo público no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia?

La resolución advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento y establece el plazo para interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

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