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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación relativa al u…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación relativa al uso de medios electrónicos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la tramitación de solicitudes. El dictamen concluyó que, conforme a la ley N° 19.880, la implementación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos es facultativa y no obligatoria para los órganos de la Administración del Estado. En el caso concreto, se constató que el Ministerio tramita todas las presentaciones en soporte papel, sin discriminación, por lo que no se formularon objeciones a su actuación. Se sugirió, sin embargo, que la secretaría de Estado evalúe la posibilidad de adoptar medios electrónicos en el futuro.

Normas citadas

  • ley 19880 art/18 inc/3
  • ley 19880 art/19 inc/1
  • ley 19880 art/19 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Están obligados los órganos de la Administración del Estado a tramitar procedimientos administrativos por medios electrónicos según la ley 19.880?

No, según este dictamen de la Contraloría, la implementación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos es facultativa y no obligatoria para los órganos de la Administración del Estado. En este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tramitaba todas las presentaciones en papel sin discriminación, y no se formularon objeciones.

¿Puede la Administración del Estado seguir tramitando solicitudes solo en soporte papel?

Sí, en este caso la Contraloría constató que el Ministerio tramitaba todas las presentaciones en soporte papel, sin discriminación, y no formuló objeciones a su actuación. Sin embargo, sugirió que la secretaría de Estado evalúe adoptar medios electrónicos en el futuro.

¿Qué pronunciamiento hizo la Contraloría sobre el uso de medios electrónicos en el Ministerio de Justicia?

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación relativa al uso de medios electrónicos en la tramitación de solicitudes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Concluyó que no correspondían objeciones y sugirió evaluar la adopción futura de medios electrónicos.

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