La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por la Def…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública en favor de un interno condenado por delitos sexuales contra una menor, en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El recurrente cuestionaba el rechazo de la reducción de condena conforme a la Ley N°19.856, argumentando la aplicación retroactiva de la Ley N°21.421. La Corte resolvió que el proceso de reducción de condena es de orden administrativo y no está sujeto al principio de irretroactividad de la ley penal, por lo que los requisitos vigentes corresponden a la Ley N°21.421. Se confirmó que el Decreto Exento N°3127/2025, que rechazó la rebaja, no vulnera garantía constitucional alguna ni constituye un acto administrativo ilegal, ajustándose a derecho.
Normas citadas
Artículo 21 Constitución Política de la República
Ley N°19.856
Ley N°21.421 (artículo 17 letra e)
Auto Acordado Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo
Decreto Exento N°3127/2025
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Preguntas frecuentes
¿La reducción de condena de la Ley N°19.856 se rige por el principio de irretroactividad de la ley penal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el proceso de reducción de condena es de orden administrativo y no está sujeto al principio de irretroactividad de la ley penal, por lo que los requisitos vigentes son los de la Ley N°21.421.
¿Puede aplicarse retroactivamente la Ley N°21.421 para decidir una reducción de condena bajo la Ley N°19.856?
En este caso, la Corte sostuvo que los requisitos aplicables son los de la Ley N°21.421 vigente al momento de resolver, por lo que rechazó el argumento de aplicación retroactiva planteado por la Defensoría Penal Pública.
¿Puede un recurso de amparo cuestionar el rechazo administrativo de una rebaja de condena por ilegalidad o vulneración de garantías?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo y confirmó que el decreto que negó la rebaja no vulnera garantía constitucional alguna ni constituye un acto administrativo ilegal, ajustándose a derecho.
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