La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por la Def…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública a favor de un sentenciado condenado por abuso sexual infantil, al que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había denegado el beneficio de reducción de condena aplicando retroactivamente la Ley 21.421, que excluye ese beneficio en delitos sexuales contra menores. El tribunal consideró que la exclusión no podía aplicarse al caso, que los actos administrativos no tienen efecto retroactivo cuando lesionan derechos de terceros, y que la denegación afectó la libertad personal del amparado, pues de concederse el beneficio correspondía su libertad. En consecuencia, dejó sin efecto el decreto impugnado y ordenó al Ministerio dictar, en cinco días, un nuevo decreto que conceda la reducción de condena, sin costas.
Normas citadas
Artículo 19 N°7 Constitución Política de la República (libertad personal)
Artículo 6 Constitución Política de la República
Artículo 7 Constitución Política de la República
Artículo 19 N°3 Constitución Política de la República
Ley 19.856 (beneficios penitenciarios)
Ley 21.421 (exclusión de beneficios para delitos sexuales)
Auto Acordado Corte Suprema sobre amparo
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Preguntas frecuentes
¿Se puede aplicar retroactivamente la Ley 21.421 para negar la reducción de condena a un condenado por abuso sexual infantil?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió que no, porque la exclusión de la ley no podía aplicarse al caso y el decreto que denegó el beneficio fue dejado sin efecto. Además, el tribunal sostuvo que los actos administrativos no tienen efecto retroactivo cuando lesionan derechos de terceros.
¿Procede un recurso de amparo contra la denegación administrativa de un beneficio penitenciario?
En este caso, la Corte acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública contra el decreto del Ministerio de Justicia que denegó la reducción de condena. El tribunal consideró que la denegación afectó la libertad personal del amparado, pues de concederse el beneficio correspondía su libertad.
¿Qué debe hacer el Ministerio de Justicia cuando un decreto que deniega un beneficio penitenciario es dejado sin efecto por un tribunal?
En este caso, la Corte ordenó al Ministerio dictar, en cinco días, un nuevo decreto que conceda la reducción de condena al sentenciado, sin condena en costas. Con ello dejó sin efecto el decreto impugnado.
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