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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra los artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal, que regulan la facultad del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento y el contenido de la acusación. El requirente sostenía que su aplicación en un proceso penal en curso, surgido en un contexto de conflictividad matrimonial con imputaciones cruzadas, vulneraba la Constitución. El Tribunal desestimó la acción en esta oportunidad, razonando que la acción penal pende del evento incierto de la litis y que la no obtención de una pretensión no constituye infracción constitucional si el funcionario se ajusta a la ley. Atendida la gestión judicial pendiente y el principio de prudencia constitucional, estimó que la aplicación de las normas impugnadas en el caso concreto no puede considerarse contraria a la Constitución, por lo que rechazó el requerimiento, con disidencia y prevención.

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Preguntas frecuentes

¿Puede el Ministerio Público no perseverar en el procedimiento penal sin que ello vulnere la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó la impugnación, razonando que la no obtención de una pretensión no constituye infracción constitucional si el funcionario se ajusta a la ley.

¿Es constitucional que la acusación del Ministerio Público se base en un contexto de conflictividad matrimonial con imputaciones cruzadas?

En este caso, el Tribunal estimó que la aplicación de las normas sobre la acusación en un proceso penal surgido de conflictividad matrimonial no puede considerarse contraria a la Constitución, rechazando el requerimiento.

¿Qué criterio aplica el Tribunal Constitucional al revisar normas procesales penales cuando hay una gestión judicial pendiente?

En este caso, el Tribunal aplicó el principio de prudencia constitucional y concluyó que, atendida la gestión judicial pendiente, la aplicación de las normas impugnadas no resulta contraria a la Constitución.

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