El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el literal c) del artículo 248 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público no perseverar en el procedimiento al cierre de la investigación cuando no se reunieron antecedentes suficientes para acusar. Se discutía si esa facultad vulneraba el derecho de la víctima a ejercer la acción penal y las garantías del debido proceso. El tribunal rechazó el requerimiento en cuanto a la atribución misma, que subsiste dentro de la autonomía constitucional del Ministerio Público, pero acogió la inaplicabilidad respecto de la frase que ordenaba solo comunicar la decisión. Con ello, el ejercicio de esa facultad debe ser evaluado por el juez de garantía en la audiencia del artículo 249, donde los intervinientes pueden sostener su posición y el juez decide si acepta o rechaza la decisión.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede el Ministerio Público no perseverar en el procedimiento al cierre de la investigación en Chile?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento contra esa atribución, que subsiste dentro de la autonomía constitucional del Ministerio Público cuando no hay antecedentes suficientes para acusar.
¿Debe el juez de garantía revisar la decisión del fiscal de no perseverar en el procedimiento?
Sí. El tribunal acogió la inaplicabilidad de la frase que solo ordenaba comunicar la decisión, por lo que el juez de garantía debe evaluarla en la audiencia del artículo 249, donde los intervinientes pueden sostener su posición y el juez decide si la acepta o rechaza.
¿Puede la víctima oponerse a que el fiscal no persevere en la investigación penal?
Sí, en la audiencia del artículo 249 los intervinientes pueden sostener su posición frente a la decisión. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la víctima puede hacerlo ante el juez de garantía, que resuelve si acepta o rechaza esa decisión.
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