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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de un sumario ad…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de un sumario administrativo que culminó con la medida disciplinaria de término de la relación laboral, aplicada conforme al artículo 72, letra b), de la ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación. El organismo constató que la Municipalidad de Padre H., mediante decreto de diciembre de 2008, reafinó el sumario e impuso la sanción, acreditándose la observancia de los artículos 127 a 143 de la ley 18.883. Desestimó la alegación de vencimiento de plazos, por cuanto las notificaciones se practicaron al domicilio del abogado apoderado que la afectada indicó expresamente. Respecto de la solicitud de invalidación, recordó que la autoridad puede invalidar sus actos contrarios a derecho dentro de dos años desde su notificación, siempre que el vicio esté acreditado y la medida sea procedente.

Normas citadas

  • ley 19070 art/72 lt/b
  • ley 18695 art/53
  • ley 18883 art/127 ley 18883 art/143
  • ley 19880 art/53
  • dfl 1/96 educa dfl 1/2006 inter
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se puede término de la relación laboral a un profesional de la educación municipal mediante sumario administrativo?

En este caso, la Contraloría General constató que el término de la relación laboral se aplicó conforme al artículo 72, letra b), de la ley 19.070, tras un sumario en que se observaron los artículos 127 a 143 de la ley 18.883.

¿Cuándo se entiende vencido el plazo de un sumario administrativo cuando la notificación se hace al abogado apoderado?

En este caso, la Contraloría desestimó la alegación de vencimiento de plazos, porque las notificaciones se practicaron al domicilio del abogado apoderado que la afectada había indicado expresamente.

¿Hasta cuándo puede la municipalidad invalidar un decreto que aplicó una sanción disciplinaria?

En este caso, la Contraloría recordó que la autoridad puede invalidar sus actos contrarios a derecho dentro de dos años desde su notificación, siempre que el vicio esté acreditado y la medida sea procedente.

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