Resumen
La Contraloría General de la República rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por un funcionario municipal en contra de un sumario administrativo que culminó con su destitución por atrasos reiterados y ausencias injustificadas. El órgano contralor sostuvo que la conducta del trabajador, consistente en atrasos reiterados, constituye una infracción al artículo 69, inciso final, de la Ley N° 18.883, que contempla la destitución como sanción. Asimismo, señaló que el alcalde, en uso de sus atribuciones, decidió no rebajar la sanción. Respecto al alegato de acoso laboral, la Contraloría indicó que dicha materia debe ser investigada en sede judicial o en un sumario interno, y que el municipio ya ponderó los hechos, no acreditándose el hostigamiento. En consecuencia, se desestimó el reclamo.