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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el caso de una funcionaria qu…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el caso de una funcionaria que cesó en una designación a contrata y pasó a cumplir una suplencia de grado remuneratorio inferior, para luego ser nuevamente contratada en un grado menor. El dictamen concluyó que el cambio de empleo, sin solución de continuidad, no implicó la absorción de los bienios que la funcionaria gozaba en su primer empleo, por lo que debió mantenerlos durante las labores transitorias. Además, se señaló que los suplentes no tienen derecho al incremento previsional del decreto ley N° 3.501, de 1980, y que, en el caso de quienes se desempeñan a contrata en una institución fiscalizadora, para calcular dicho incremento no corresponde considerar la asignación de antigüedad. El organismo deberá revisar si los pagos realizados a la funcionaria se ajustaron a lo indicado y, de ser necesario, requerir el reintegro correspondiente.

Normas citadas

  • dl 3551/80 art/7 lt/e
  • dl 249/73 art/6
  • dl 3501/80 art/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se pierden los bienios al pasar de una contrata a una suplencia de grado inferior sin interrupción?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el cambio de empleo, sin solución de continuidad, no implicó la absorción de los bienios que la funcionaria tenía en su primer empleo, por lo que debió mantenerlos durante las labores transitorias.

¿Tienen derecho los suplentes al incremento previsional del decreto ley 3.501?

En este caso, la Contraloría sostuvo que los suplentes no tienen derecho al incremento previsional del decreto ley N° 3.501, de 1980, y que, para quienes se desempeñan a contrata en una institución fiscalizadora, no corresponde considerar la asignación de antigüedad en su cálculo.

¿Qué debe hacer un organismo si pagó remuneraciones que no correspondían a un funcionario?

En este caso, la Contraloría indicó que el organismo debe revisar si los pagos realizados a la funcionaria se ajustaron a lo señalado y, de ser necesario, requerir el reintegro correspondiente.

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