El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, declarando que el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 es desproporcionado al excluir penas sustitutivas, vulnerando los principios de racionalidad y justicia procesal (artículo 19, numerales 2 y 3 de la Constitución), pues la privación de libertad debe reservarse a delitos graves y las penas sustitutivas buscan la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, concluyendo que no contraviene la Carta Fundamental, ya que el legislador tiene primacía para fijar delitos y penas, y la norma no afecta la individualización judicial ni el principio de culpabilidad, pues el juez conserva facultades para aplicar circunstancias modificatorias. El control de armas es un bien jurídico constitucionalmente reconocido.
Normas citadas
artículo 17B, de LEY 17.798 - ESTABLECE EL CONTROL DE ARMAS.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho Ambiental
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos de porte de armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la exclusión de penas sustitutivas del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 es desproporcionada, porque la privación de libertad debe reservarse a delitos graves y las penas sustitutivas buscan la reinserción social.
¿El legislador puede fijar delitos y penas en materia de control de armas sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sosteniendo que el legislador tiene primacía para fijar delitos y penas y que la norma no afecta la individualización judicial ni el principio de culpabilidad, pues el juez conserva facultades para aplicar circunstancias modificatorias.
¿El control de armas es un bien jurídico protegido por la Constitución chilena?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el control de armas es un bien jurídico constitucionalmente reconocido, lo que sustentó la validez de la norma que sanciona su afectación.
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