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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Sec…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, ordenando la entrega de los expedientes solicitados. Se determinó que la información requerida es de naturaleza pública y se descartó la alegación de distracción indebida del órgano reclamado. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, el organismo deberá, antes de la entrega, tarjar los datos personales y sensibles de contexto que pudieran estar contenidos en la información, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada. La resolución advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo, y establece el plazo para interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Oficio Ordinario N° 864
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano de la administración negarse a entregar expedientes administrativos alegando que la solicitud distrae indebidamente sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia descartó la alegación de distracción indebida del órgano reclamado y acogió parcialmente el amparo, ordenando la entrega de los expedientes solicitados.

¿Qué debe hacer un organismo público con datos personales que aparecen en documentos que deben entregarse por transparencia?

En este caso, en aplicación del principio de divisibilidad, el organismo debe tarjar los datos personales y sensibles de contexto antes de entregar la información, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada.

¿Qué consecuencias puede tener para un funcionario no cumplir una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, la resolución advierte sobre posibles sanciones por incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo, y fija el plazo para reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

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