El Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una querella infraccional y una…
Sentencia · 4TO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE SANTIAGO · 2020
Resumen
El Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago conoció una querella infraccional y una demanda civil de indemnización de perjuicios presentadas por una consumidora contra un banco, con fundamento en la Ley 19.496, por una supuesta estafa en inversiones a plazo fijo. El tribunal rechazó ambas acciones por no haberse acreditado suficientemente los hechos en que se fundaban. Para ello consideró que las partes no coincidían en la forma en que ocurrieron los hechos, que el proveedor no reconoció los acontecimientos relatados, y que la carga de la prueba correspondía a la parte querellada conforme al artículo 1698 del Código Civil. Al no establecerse la infracción, no procedía la acción civil. No se condenó en costas a la querellante por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar, y cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 50
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuiciosSERNAC se hizo parte
Preguntas frecuentes
¿Puede un consumidor demandar al banco por indemnización de perjuicios si no logra probar los hechos de la supuesta estafa en un plazo fijo?
En este caso, el Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago rechazó la querella y la demanda civil porque no se acreditaron suficientemente los hechos. Al no establecerse la infracción a la Ley 19.496, tampoco procedió la acción civil de indemnización.
¿Quién tiene la carga de probar en un juicio por infracción a la Ley del Consumidor si el proveedor niega los hechos?
El tribunal sostuvo que la carga de la prueba correspondía a la parte querellada, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, la querellante no logró acreditar los hechos en que fundaba su acción, lo que llevó al rechazo.
¿Debe el consumidor pagar las costas del juicio cuando pierde una querella por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, el tribunal no condenó en costas a la querellante porque estimó que tuvo motivos plausibles para litigar. Cada parte pagó sus propias costas.
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