El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua conoció una denuncia del Servicio Nacion…
Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2020
Resumen
El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua conoció una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor y una demanda civil por infracción a la Ley N°19.496 sobre protección al consumidor. La controversia se originó en un cargo a una tarjeta de crédito correspondiente a una transferencia no autorizada, realizada tras una estafa en una compraventa en línea. El tribunal acogió la demanda: dejó sin efecto la operación de avance en efectivo cuestionada, con sus intereses, reajustes y cargos asociados, y condenó a la proveedora demandada a devolver a la consumidora los pagos efectuados con cargo a dicha operación, más reajustes e intereses, además de pagar $500.000 por concepto de daño moral. Se impusieron las costas a la parte denunciada y demandada. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia en lo apelado.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Debe el banco devolver el cargo en la tarjeta de crédito si el cliente fue estafado en una compraventa en línea y autorizó una transferencia?
En este caso, el tribunal acogió la demanda y dejó sin efecto la operación de avance en efectivo cuestionada, con sus intereses y cargos asociados, condenando a la proveedora a devolver los pagos efectuados con cargo a esa operación. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia.
¿Qué puede obtener un consumidor por daño moral en un caso de cargo no autorizado en su tarjeta de crédito?
En este caso, el tribunal condenó a la proveedora demandada a pagar $500.000 por concepto de daño moral, además de la devolución de los pagos, reajustes e intereses. La sentencia fue confirmada en lo apelado por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
¿Quién paga las costas en un juicio de protección al consumidor iniciado por denuncia del Servicio Nacional del Consumidor y demanda civil?
En este caso, el tribunal impuso las costas a la parte denunciada y demandada, es decir, a la proveedora. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia en lo apelado.
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