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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un concurso académico de la U…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un concurso académico de la Universidad de Chile, cuyas bases exigían que el grado de Doctor hubiera sido obtenido en los últimos cinco años, requisito no contemplado en el reglamento general de carrera académica (decreto N° 2.860, de 2011). El organismo concluyó que dicha exigencia constituye un requisito adicional e ilegal, que excluye arbitrariamente a postulantes que cumplen con la normativa vigente, vulnerando los principios de igualdad y de admisión a los empleos públicos (artículo 19, N° 2 y 17 de la Constitución). En consecuencia, ordenó realizar una nueva convocatoria y elaborar bases ajustadas a derecho.

Normas citadas

  • dto 2860/2001 Uchil art/7
  • Pol art/19 num/2
  • Pol art/17
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un concurso académico universitario exigir que el grado de Doctor se haya obtenido en los últimos cinco años?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que esa exigencia constituye un requisito adicional no contemplado en el reglamento general de carrera académica, por lo que es ilegal. Además, excluía arbitrariamente a postulantes que cumplían la normativa vigente, vulnerando los principios de igualdad y de admisión a los empleos públicos.

¿Qué efecto tiene la Contraloría sobre las bases de un concurso universitario que contienen requisitos ilegales?

En este caso, el organismo ordenó realizar una nueva convocatoria y elaborar bases ajustadas a derecho. El pronunciamiento se fundó en la vulneración de los artículos 19 N° 2 y 17 de la Constitución.

¿Se puede limitar la antigüedad del grado académico como requisito para postular a cargos académicos?

En este caso, la Contraloría sostuvo que limitar el grado de Doctor a los últimos cinco años no está previsto en el reglamento general de carrera académica, por lo que no puede exigirse. Esa restricción adicional se consideró contraria a la igualdad de acceso a los empleos públicos.

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