Resumen
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió parcialmente las demandas contra Bulgaria por decomiso de bienes, declarando que en cuatro de cinco casos se violó el derecho a la propiedad pacífica del artículo 1 del Protocolo 1. Se determinó que los tribunales búlgaros no justificaron adecuadamente el nexo causal entre los delitos predicados y los bienes confiscados, resultando la interferencia desproporcionada y arbitraria. En un caso, el decomiso fue considerado razonablemente demostrado como producto de delito. Además, se estableció que las tasas judiciales excesivas en los procedimientos de decomiso vulneraron el derecho a la propiedad. El tribunal enfatizó que el Estado debe acreditar dicho nexo y que la interferencia debe ser proporcionada, respetando el equilibrio entre el interés general y los derechos fundamentales. Respecto a las quejas sobre el artículo 6 del Convenio, un juez discrepó señalando que debieron examinarse a fondo, pero la decisión final acogió parcialmente las reclamaciones.