El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando que la exclusión total de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas, establecida en el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, es desproporcionada e incompatible con la Constitución. El fallo sostiene que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social. Al impedir al juez evaluar cada caso concreto, la norma vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso. Las penas sustitutivas no son impunidad, sino sanciones que restringen derechos y buscan la rehabilitación, siendo una alternativa más equilibrada que la prisión, especialmente en delitos de menor gravedad. La decisión se adoptó en el marco de un proceso sobre acumulación de infracciones gravísimas seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes.
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaAprehensión De Fiscales JudicialesConstitucionalidad De Decreto O Resolución Del Presidente De La RepúblicaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho De Aguas
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya totalmente ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la exclusión total de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas, prevista en la Ley N° 18.216, es desproporcionada e incompatible con la Constitución. Sostuvo que impide al juez evaluar cada caso concreto.
¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no son impunidad, sino sanciones que restringen derechos y buscan la rehabilitación. Las consideró una alternativa más equilibrada que la prisión, especialmente en delitos de menor gravedad.
¿El derecho del Estado a castigar es ilimitado?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social.
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