El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Municipalidad de San Bernardo contra normas que establecen la capitalización mensual de intereses penales en el cobro de cotizaciones previsionales. El conflicto se originó en una demanda ejecutiva de AFP Planvital S.A. contra la Municipalidad, donde se liquidó una deuda con intereses capitalizados mensualmente. El Tribunal consideró que el anatocismo no es un mecanismo idóneo ni necesario para asegurar el pago de las cotizaciones, pues existen otros medios de protección del crédito laboral. Su aplicación resultó desproporcionada y vulneró el derecho de propiedad del deudor, por lo que declaró inaplicables los preceptos legales en el caso concreto.
Normas citadas
Art. 22, inciso sexto, Ley N° 17.322
Art. 19, inciso decimotercero, D.L. N° 3.500
Art. 19 N° 2, 22, 24 y 26 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional capitalizar mensualmente los intereses penales en el cobro de cotizaciones previsionales impagas?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable en el caso concreto la capitalización mensual de intereses penales porque no era idónea ni necesaria para asegurar el pago de las cotizaciones y su aplicación resultó desproporcionada. Con ello se vulneró el derecho de propiedad del deudor.
¿Puede una municipalidad pedir la inaplicabilidad de normas que aplican intereses sobre cotizaciones previsionales adeudadas?
En este caso, el Tribunal acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una Municipalidad, que cuestionó la capitalización de intereses en una demanda ejecutiva por cotizaciones previsionales. El Tribunal lo acogió porque la aplicación de esos preceptos en el caso concreto era contraria a la Constitución.
¿Qué derechos constitucionales se consideran vulnerados por el anatocismo en el cobro de deudas previsionales?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la capitalización mensual de intereses vulneró el derecho de propiedad del deudor, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Concluyó que existen otros medios de protección del crédito laboral menos gravosos.
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