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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo presentado por la Def…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública en favor de un imputado en una causa de violencia intrafamiliar. El Juzgado de Garantía de Puente Alto había decretado quince días de arresto como medida de apremio por incumplimiento de medidas cautelares. La Corte determinó que el juez de garantía carece de facultades para imponer esta medida, ya que, conforme al artículo 10 de la Ley 20.066, dicha atribución es privativa de los Tribunales de Familia. En consecuencia, se dejó sin efecto la resolución que impuso el arresto, por considerar que vulnera el derecho a la libertad personal y seguridad individual del imputado.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°7 Constitución Política de la República
  • Artículo 21 Constitución Política de la República
  • Artículo 10 Ley 20.066
  • Artículo 18 Ley 20.066
  • Artículo 140 Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes

¿Puede un juez de garantía imponer arresto como medida de apremio por incumplir medidas cautelares en una causa de violencia intrafamiliar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel sostuvo que el juez de garantía carece de facultades para imponer esa medida, porque según el artículo 10 de la Ley 20.066 la atribución es privativa de los Tribunales de Familia. Por eso dejó sin efecto el arresto decretado.

¿Cuándo procede un recurso de amparo contra un arresto dispuesto en una causa de violencia intrafamiliar?

En este caso, la Corte acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, al estimar que el arresto de quince días vulneraba la libertad personal y la seguridad individual del imputado. Ello porque el juez que lo decretó no tenía competencia para hacerlo.

¿Qué tribunal es competente para aplicar medidas de apremio en casos de violencia intrafamiliar según la Ley 20.066?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinó que, conforme al artículo 10 de la Ley 20.066, esa atribución es privativa de los Tribunales de Familia y no de los juzgados de garantía. Por ello anuló el arresto impuesto por el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

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