El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la SEREMI de Biene…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado contra la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, por la negativa a entregar información sobre expedientes de saneamiento, regularización o solicitudes de título gratuito. La reclamada sostuvo que no contaba con los antecedentes pedidos, porque la otrora oficina provincial respectiva tuvo competencia territorial limitada a las comunas que hoy integran esa región, y que la eventual postulación administrativa consultada correspondió a otra jurisdicción. El Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, rechazó el amparo, razonando que no puede exigirse la entrega de información inexistente y que no había antecedentes que condujeran a una conclusión contraria a la del órgano requerido. Se encomendó notificar la decisión a las partes, y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de plazo, sin perjuicio de las limitaciones aplicables a los órganos de la Administración.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos
Preguntas frecuentes
¿Se puede exigir a un organismo público que entregue información que no tiene?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo razonando que no puede exigirse la entrega de información inexistente, cuando el órgano requerido sostuvo no contar con los antecedentes pedidos.
¿Qué ocurre si el organismo afirma que la información corresponde a otra jurisdicción?
En este caso, el Consejo rechazó el amparo porque la reclamada explicó que su competencia territorial estaba limitada y que la postulación consultada correspondió a otra jurisdicción, sin antecedentes que llevaran a una conclusión contraria.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de plazo, sin perjuicio de las limitaciones aplicables a los órganos de la Administración.
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