La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso en un conflicto cont…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso en un conflicto contractual sobre un curso de aviación. La demandada incumplió su deber de informar correctamente a la consumidora, infringiendo los artículos 3 y 12 de la Ley 19.496 de Protección al Consumidor. Aunque la pandemia y el conflicto social de octubre de 2019 afectaron a ambas partes, el tribunal consideró que la demandada no podía dar por terminado el contrato unilateralmente. Se revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la querella infraccional, condenando a la empresa al pago de una multa de 5 UTM y a indemnizar a la actora con $24.305.572, más reajustes e intereses. Se rechazó la indemnización por daño moral por falta de prueba idónea y se dispuso que cada parte pague sus costas.
Normas citadas
Artículo 3 de la Ley 19.496
Artículo 12 de la Ley 19.496
protección al consumidorincumplimiento contractualbuena fe contractualfuerza mayorpandemia COVID-19derecho del consumidorresponsabilidad civilmulta administrativa
Preguntas frecuentes
¿Puede una escuela de aviación terminar unilateralmente un contrato de curso con un alumno consumidor por la pandemia o el estallido social?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la empresa no podía dar por terminado el contrato unilateralmente, aunque la pandemia y el conflicto social de octubre de 2019 afectaran a ambas partes.
¿Qué consecuencias tiene para un proveedor no informar correctamente a un consumidor en un contrato de servicios según la Ley 19.496?
En este caso, el tribunal concluyó que la demandada incumplió su deber de informar correctamente a la consumidora, infringiendo los artículos 3 y 12 de la Ley 19.496, y la condenó a una multa de 5 UTM.
¿Procede la indemnización por daño moral en un juicio por incumplimiento contractual con un consumidor si no hay prueba idónea?
En este caso, la Corte rechazó la indemnización por daño moral por falta de prueba idónea, y sí ordenó indemnizar a la actora con $24.305.572, más reajustes e intereses, dejando que cada parte pague sus costas.
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