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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2021

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por una empresa oferente de audífonos contra el Hospital Regional de Arica y Parinacota, en el marco de una licitación pública para la adquisición de audífonos retroauriculares digitales. La controversia se centró en la resolución que readjudicó la licitación, dictada después de una adjudicación previa. El tribunal acogió la acción, declaró ilegal la readjudicación y la dejó sin efecto, por haberse dictado sin seguir el procedimiento de invalidación exigido por la Ley N°19.880. En consecuencia, ordenó retrotraer el proceso licitatorio para que la entidad licitante inicie el procedimiento de invalidación de la adjudicación original, con audiencia previa a los interesados, y continúe la licitación hasta su conclusión. También alzó la suspensión de la licitación y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad pública dejar sin efecto una adjudicación en una licitación y dictar una readjudicación sin seguir el procedimiento de invalidación?

No. En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal una readjudicación dictada después de una adjudicación previa, por haberse emitido sin seguir el procedimiento de invalidación exigido por la Ley N°19.880, y la dejó sin efecto.

¿Qué debe hacer una entidad licitante cuando una readjudicación es declarada ilegal por el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, el tribunal ordenó retrotraer el proceso licitatorio para que la entidad inicie el procedimiento de invalidación de la adjudicación original, con audiencia previa a los interesados, y luego continúe la licitación hasta su conclusión.

¿Se mantiene la suspensión de una licitación pública mientras se resuelve una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, el tribunal, al acoger la acción, alzó la suspensión de la licitación y dispuso que cada parte pagara sus costas, por lo que el proceso pudo continuar conforme a lo ordenado.

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