El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2013
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra el Servicio de Salud del Maule, por la revocación de una adjudicación y la nueva adjudicación, en una licitación pública de suministro de audífonos retroauriculares, a otra empresa. La recurrente alegó actos ilegales y arbitrarios en la resolución revocatoria y en las actas de evaluación y adjudicación. El tribunal rechazó el incidente de extemporaneidad opuesto por la parte demandada y rechazó las acciones de impugnación deducidas en lo principal y en el primer otrosí. Sostuvo que una interpretación armónica del principio de estricta sujeción a las bases de la Ley N°19.886 y del principio de igualdad de los oferentes de la Ley N°18.575 permite corregir una omisión involuntaria en la evaluación técnica que había perjudicado a otro oferente, por lo que las actas cuestionadas no pueden calificarse como ilegales ni arbitrarias. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público revocar una adjudicación ya realizada en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación contra la revocación de una adjudicación y la nueva adjudicación, al estimar que las actas cuestionadas no eran ilegales ni arbitrarias.
¿Es válido corregir una omisión en la evaluación técnica de una licitación si perjudicó a otro oferente?
En este caso, el Tribunal sostuvo que una interpretación armónica del principio de estricta sujeción a las bases de la Ley N°19.886 y del principio de igualdad de los oferentes permite corregir una omisión involuntaria en la evaluación técnica que había perjudicado a otro oferente.
¿Qué pasa si se impugna una licitación pública por actos ilegales y arbitrarios en la evaluación y adjudicación?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó las acciones de impugnación deducidas en lo principal y en el primer otrosí, y cada parte pagó sus costas.
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