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El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2019

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra la resolución de un hospital que dejó sin efecto la adjudicación de una licitación pública de insumos para terapia de sustitución renal. La empresa sostenía que la revocación era ilegal y arbitraria, pero el tribunal concluyó que la entidad licitante actuó conforme a derecho, pues tenía el deber legal de ajustarse a lo dictaminado por la Contraloría Regional, que había representado la resolución adjudicatoria por inobservancia de requisitos esenciales de las bases administrativas y técnicas no subsanables. La revocación del procedimiento completo era la única vía para corregir las irregularidades, en el marco del principio de control preventivo de legalidad y la sujeción de la Administración a las resoluciones de la Contraloría. Por ello, se rechazó la demanda, con costas a cargo de cada parte.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede un hospital dejar sin efecto la adjudicación de una licitación si la Contraloría observó la resolución adjudicatoria?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que la entidad licitante actuó conforme a derecho al revocar la adjudicación, pues tenía el deber legal de ajustarse a lo dictaminado por la Contraloría Regional, que había representado la resolución por inobservancia de requisitos esenciales no subsanables.

¿Es legal revocar todo el procedimiento de licitación para corregir irregularidades en las bases?

En este caso, el Tribunal concluyó que la revocación del procedimiento completo era la única vía para corregir las irregularidades detectadas, en el marco del principio de control preventivo de legalidad y la sujeción de la Administración a las resoluciones de la Contraloría.

¿Qué pasa si un oferente impugna la revocación de una adjudicación ordenada por la Contraloría?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación del oferente, con costas a cargo de cada parte, al concluir que la revocación se ajustó a derecho por el deber de la entidad licitante de acatar lo dictaminado por la Contraloría Regional.

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