Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal Constitucional, en su resolución -INA, determinó como Ratio Decidendi que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones FB Compañía SpA no cumplía con la exigencia constitucional y legal de incidir en una gestión judicial pendiente en tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, N° 3, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política de la República. Esto se fundamenta en que, según consta en el expediente, la gestión judicial invocada, correspondiente al recurso de queja seguido ante la Corte Suprema, había sido declarada inadmisible mediante resolución de 4 de abril de 2019, y el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución fue rechazado el 18 de abril de 2019, lo que implica que no existía una gestión judicial pendiente en tramitación al momento de deducir el requerimiento. Como Obiter Dicta, el Tribunal señaló que, en oportunidades anteriores, ha resuelto que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos que hagan imposible su prosperabilidad, siendo innecesario realizar un examen previo de admisión a trámite, y que en tales casos corresponde declarar derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida, citando precedentes como los roles N°s 1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771 y 1749. Asimismo, se destacó que el artículo 84, N° 3, de la Ley N° 17.997 establece expresamente que procede declarar la inadmisibilidad de un requerimiento cuando no exista gestión judicial pendiente o esta haya concluido por sentencia ejecutoriada, lo cual refuerza la decisión adoptada en este caso. En consecuencia, el Tribunal resolvió declarar inadmisible el requerimiento deducido, notificando y archivando el expediente.