Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia de acoso laboral presentada por una funcionaria municipal en contra de sus jefaturas directas. El organismo recordó que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales prohíbe el acoso laboral y que, conforme a su jurisprudencia administrativa, este tipo de conductas debe analizarse en las instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial, correspondiendo al alcalde ordenarlo para determinar la efectividad de los hechos y eventuales responsabilidades funcionarias, lo que ocurrió en el caso. Respecto de la solicitud de declarar la cesación en el cargo de alcalde, el organismo concluyó que dicha declaración corresponde al tribunal electoral respectivo a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio, por lo que no resultaba aplicable a las conductas denunciadas. Además, advirtió que un funcionario de la planta de auxiliares estaría realizando labores inspectivas, lo que es improcedente según su jurisprudencia, por lo que el municipio deberá informar al respecto en el plazo de diez días hábiles.