Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el control preventivo de juridicidad aplicable a los actos administrativos que transfieren recursos con cargo al Fondo Social del Ministerio del Interior. El organismo precisó que corresponde al Contralor General determinar qué actos quedan sujetos al trámite de toma de razón, conforme a la ley N° 10.336, sin que otros órganos de la Administración puedan disponer exenciones o sujeciones a ese control. En uso de esa facultad, la resolución N° 1.600, de 2008, fijó las normas sobre exención del trámite y estableció que están afectos a toma de razón los actos que dispongan aportes o transferencias de recursos, con o sin convenio, por un monto superior a 5.000 unidades tributarias mensuales. En consecuencia, las resoluciones que transfieran recursos con cargo a dicho Fondo por un monto inferior a esa cantidad quedan exentas del trámite, sin perjuicio de los controles de reemplazo, mientras que las que superen ese monto deben enviarse a la Contraloría para su examen de juridicidad.