El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 1°,…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que la norma restringe de manera desproporcionada e inequitativa la aplicación de penas sustitutivas de privación de libertad, incluso para delitos de menor gravedad. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social, vulnerando los artículos 1° y 19, numerales 2° y 3°, de la Constitución. Se destacó que las penas sustitutivas son sanciones que buscan control, reinserción y no reincidencia, y que excluir ciertos delitos de estos beneficios no cumple con la protección de las víctimas ni con la seguridad pública. El fallo se fundó en la necesidad de que el legislador respete la finalidad de reinserción social y la proporcionalidad como principio rector.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos de menor gravedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la exclusión del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 restringe de manera desproporcionada e inequitativa el acceso a estas penas, incluso para delitos menores, vulnerando la Constitución.
¿El derecho a punir del Estado es ilimitado según la Constitución?
No, en este caso el Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social.
¿Cuál es la finalidad de las penas sustitutivas según el Tribunal Constitucional?
En este fallo, el Tribunal destacó que las penas sustitutivas buscan control, reinserción social y no reincidencia, por lo que excluir ciertos delitos de estos beneficios no cumple con la protección de las víctimas ni con la seguridad pública.
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