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El Tribunal Constitucional analizó un requerimiento contra los artículos 230, inciso pr…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional analizó un requerimiento contra los artículos 230, inciso primero, y 186 del Código Procesal Penal, que regulan la facultad del Ministerio Público para decidir la oportunidad de formalizar la investigación y el control judicial sobre dicha decisión, en relación con los artículos 19 numeral 3 y 83 de la Constitución. La mayoría resolvió que estas disposiciones no vulneran la Constitución: la dirección de la investigación corresponde al Ministerio Público, pero está sujeta a límites legales y al control del juez de garantía, quien puede fijar plazos para la formalización, y la víctima no queda excluida de ese control. Sin embargo, la sentencia acogió parcialmente el requerimiento en lo relativo a las audiencias en línea: una de las opiniones de la parte final sostiene que la videoconferencia dificulta los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera discriminación, lo que vulnera el debido proceso en juicios orales penales realizados vía remota.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso quinto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra c), párr. 1
  • Constitución Política, artículo 76, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAcción Penal PúblicaActividades De Los Partidos PolíticosAdministracion PublicaAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaAutores

Preguntas frecuentes

¿El Ministerio Público puede decidir cuándo formalizar la investigación penal, y existe control judicial sobre esa decisión?

En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que el Ministerio Público conserva la dirección de la investigación y la facultad de decidir la oportunidad de la formalización, pero sujeta a límites legales. El juez de garantía puede controlar esa decisión y fijar plazos para la formalización, sin que la víctima quede excluida de ese control.

¿La realización de audiencias penales por videoconferencia vulnera el debido proceso?

En este caso, la sentencia acogió parcialmente el requerimiento respecto de las audiencias en línea. Una de las opiniones de la parte final sostiene que la videoconferencia dificulta la oralidad, la inmediación y la publicidad, y que la brecha digital genera discriminación, lo que vulneraría el debido proceso en juicios orales penales realizados a distancia.

¿Los artículos 230 y 186 del Código Procesal Penal son constitucionales?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional resolvió que los artículos 230, inciso primero, y 186 del Código Procesal Penal no vulneran la Constitución. El fallo los considera compatibles con las garantías invocadas, en relación con los artículos 19 numeral 3 y 83 de la Constitución.

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