El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que se cuestionaba la aplicación del artículo 4° de la Ley N° 19.886 a un caso concreto. El Tribunal acogió el requerimiento. Según el resumen de la sentencia, concluyó que la aplicación de esa norma vulneraba la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución), al imponer una misma sanción de inhabilitación a conductas de distinta gravedad, y el debido proceso (artículo 19 N° 3), al operar de forma automática y sin un procedimiento que permitiera discutir la procedencia, intensidad o duración de la sanción. Del texto resolutivo consta además que, en voto particular, se estimó que la tramitación de juicios orales penales por vía remota vulnera los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y por tanto la garantía del debido proceso.
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Preguntas frecuentes
¿Puede aplicarse automáticamente la sanción de inhabilitación del artículo 4° de la Ley N° 19.886 a un proveedor sin discutir su procedencia o duración?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y concluyó que aplicar esa norma vulneraba el debido proceso, porque operaba de forma automática y sin un procedimiento que permitiera discutir la procedencia, intensidad o duración de la sanción.
¿Vulnera la igualdad ante la ley imponer la misma sanción de inhabilitación a conductas de distinta gravedad?
Según el resumen, el Tribunal sostuvo que aplicar el artículo 4° de la Ley N° 19.886 en este caso vulneraba la igualdad ante la ley, al imponer una misma sanción de inhabilitación a conductas de distinta gravedad.
¿Es constitucional tramitar juicios orales penales por vía remota?
En un voto particular de esta sentencia se estimó que la tramitación de juicios orales penales por vía remota vulnera los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y por tanto la garantía del debido proceso. Esa postura no constituye la decisión mayoritaria del fallo.
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