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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Gob…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra la Gobernación Provincial de San Felipe de Aconcagua por la negativa a entregar cierta información solicitada. El órgano reclamado no acreditó haber entregado los documentos ni la concurrencia de causales de secreto o reserva, tratándose de información de naturaleza pública. En consecuencia, el Consejo ordenó la entrega de la resolución e instructivos solicitados, y dispuso que, en caso de que esa información o parte de ella no obre en poder del órgano, este deberá comunicar tal circunstancia al reclamante y al Consejo, detallando las razones que lo justifiquen. El cumplimiento debe efectuarse dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y acreditarse la entrega efectiva conforme al artículo 17 de dicha ley. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó a las partes, quedando expedita la vía del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un órgano público no acredita la entrega de la información solicitada ni invoca causales de secreto o reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó la entrega de la información, al no haberse acreditado su entrega ni la concurrencia de causales de secreto o reserva tratándose de información de naturaleza pública.

¿Qué debe hacer el órgano si la información solicitada no obra en su poder?

En este caso, el Consejo dispuso que el órgano deberá comunicar tal circunstancia al reclamante y al Consejo, detallando las razones que lo justifiquen.

¿En qué plazo y bajo qué apercibimiento debe cumplirse la orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó cumplir dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y acreditar la entrega efectiva conforme al artículo 17 de dicha ley.

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