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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado en contra del…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, con el que el solicitante buscaba acceder a las gestiones que el órgano había realizado ante la Superintendencia de Pensiones respecto del pago de sus cotizaciones. El organismo reclamado no invocó causal de reserva alguna y se limitó a señalar que no encontraba los certificados de cotizaciones. El Consejo ordenó entregar la información requerida dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal. En cambio, rechazó el amparo en la parte que buscaba una solución u orientación para el problema de las cotizaciones, por tratarse de una manifestación del derecho de petición y no del derecho de acceso a la información pública.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
amparoDecisión de FondoSalud

Preguntas frecuentes

¿Un organismo público puede negarse a entregar información sobre sus gestiones si dice que no encuentra los documentos?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque el Servicio reclamado no invocó ninguna causal de reserva y solo dijo que no encontraba los certificados. Ordenó entregar la información en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.

¿El derecho de acceso a la información pública obliga a un organismo a resolver un problema particular de una persona?

En este caso, el Consejo rechazó el amparo en la parte que buscaba una solución u orientación para el problema de las cotizaciones. Lo consideró una manifestación del derecho de petición y no del derecho de acceso a la información pública.

¿Qué diferencia hay entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública según el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo sostuvo que pedir una solución u orientación para un problema corresponde al derecho de petición, mientras que pedir acceso a gestiones realizadas por el órgano corresponde al derecho de acceso a la información pública.

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