El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió un dictamen interpretativo sobre el…
Dictamen · Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) · 2025
Resumen
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió un dictamen interpretativo sobre el plazo que tiene el proveedor para contestar la querella infraccional y la demanda civil en los juicios de interés individual ante los Juzgados de Policía Local. El organismo concluyó que la Ley N° 18.287 no establece un plazo específico para dicha contestación ni un plazo mínimo de notificación de las acciones infraccionales. No obstante, la ley contempla mecanismos para equilibrar la igualdad de las partes, como la obligación de notificar la acción civil al menos tres días antes de la audiencia de contestación, conciliación y prueba, y la posibilidad de contestar verbalmente en la misma audiencia. Esta interpretación no obsta a que los tribunales sostengan una diversa.
Normas citadas
Ley 19.496
dictamen interpretativo
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo para contestar una querella infraccional y una demanda civil en un juicio de consumo ante un Juzgado de Policía Local?
Según el dictamen del SERNAC, la Ley N° 18.287 no fija un plazo específico para contestar la querella infraccional ni la demanda civil, ni un plazo mínimo de notificación. Sí exige notificar la acción civil al menos tres días antes de la audiencia de contestación, conciliación y prueba, y permite contestar verbalmente en esa audiencia.
¿Puede el proveedor contestar una demanda de consumo de forma verbal en el Juzgado de Policía Local?
Sí. Según el SERNAC, la ley contempla la posibilidad de contestar verbalmente en la misma audiencia de contestación, conciliación y prueba, como mecanismo para equilibrar la igualdad de las partes. Este criterio es una interpretación del organismo y no impide que los tribunales sostengan una diversa.
¿Un dictamen del SERNAC obliga a los tribunales de policía local a interpretar de la misma forma los plazos de contestación en juicios de consumo?
No. El dictamen del SERNAC concluye que su interpretación sobre los plazos de contestación no obsta a que los tribunales sostengan una interpretación distinta. Es, por tanto, un criterio del organismo y no vincula a los jueces.
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