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La Contraloría General de la República dictó instrucciones sobre la aplicación del artí…

Sentencia · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República dictó instrucciones sobre la aplicación del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, incorporado por la Ley N° 21.634, que regula prohibiciones de contratación pública con funcionarios del mismo organismo y sus parientes. El documento aclara que la expresión 'funcionarios que participen en procedimientos de contratación' debe interpretarse en sentido estricto, referida a cada adquisición específica, según el reglamento aprobado por el decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda. Además, señala que la prohibición del inciso tercero del artículo afecta a los funcionarios directivos o jefes de departamento de todo organismo contratante, ampliando la restricción del inciso primero por el plazo indicado. El objetivo es elevar los estándares de probidad administrativa en el Sistema de Compras Públicas.

Normas citadas

  • Artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886
  • Ley N° 21.634
  • Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa
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Preguntas frecuentes

¿Cómo debe interpretarse la expresión 'funcionarios que participen en procedimientos de contratación' en la Ley de Compras Públicas?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que esa expresión debe interpretarse en sentido estricto, referida a cada adquisición específica, según el reglamento aprobado por el decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

¿A qué funcionarios alcanza la prohibición de contratar del inciso tercero del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886?

En este caso, la Contraloría General de la República señaló que la prohibición del inciso tercero afecta a los funcionarios directivos o jefes de departamento de todo organismo contratante, ampliando la restricción del inciso primero por el plazo indicado.

¿Qué busca la Contraloría con las instrucciones sobre el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886?

En este caso, la Contraloría General de la República dictó estas instrucciones para aplicar las prohibiciones de contratación pública con funcionarios del mismo organismo y sus parientes, con el objetivo de elevar los estándares de probidad administrativa en el Sistema de Compras Públicas.

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